refugiados de ACNUR

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Refugiados políticos de Chile

El golpe de Estado de 1973 fue seguido inmediatamente por la represión de las actividades políticas legítimas y la detención masiva de decenas de miles de partidarios del anterior gobierno socialista. Se calcula que más de 4.000 personas murieron y alrededor de 60.000 fueron detenidas. Dos días después del golpe,
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) telegrafió al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, pidiendo al gobierno que cumpliera sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que el gobierno de Allende había ratificado en 1972. Si Chile no hubiera sido parte en estos instrumentos, las negociaciones del ACNUR con el nuevo gobierno habrían sido, sin duda, infructuosas. El 20 de septiembre de 1973, se abrió una oficina del ACNUR en la capital, Santiago.

Ese mismo mes, el gobierno permitió la creación de un Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR). Las iglesias y las organizaciones de voluntarios que lo integraban crearon 26 centros de recepción de refugiados, 15 en Santiago y 11 en provincias, donde se proporcionaba asistencia a los «refugiados bajo mandato», tramitando sus documentos y gestionando su traslado a países de reasentamiento. A finales de septiembre, se habían inscrito en estos centros 600 refugiados, y el 23 de octubre su número era ya de 1.022. Varios cientos de refugiados más que carecían de alojamiento fueron albergados en diferentes momentos en una vivienda bajo la protección de la embajada suiza.

El CONAR actuó bajo los auspicios del ACNUR, que le ofreció ayuda para resolver los problemas de los refugiados. En marzo de 1974, de las 3.574 personas que se habían inscrito en los registros del CONAR, 2.608 se habían reasentado en unos 40 países. De ellas, 288 fueron repatriadas a sus países de origen. Además, alrededor de 1.500 habían huido ilegalmente a Perú y a Argentina. Muchas embajadas en Santiago recurrieron a la arraigada práctica latinoamericana de ofrecer protección diplomática a quienes estaban en sus terrenos. Pocos días después del golpe, más de 3.500 chilenos habían pedido asilo en las embajadas en Santiago.

Desde el principio, el régimen de Pinochet utilizó el exilio como parte de su estrategia para redibujar el mapa político de Chile y eliminar así sus tradiciones políticas anteriores. Las expulsiones se llevaron a cabo en aplicación del Decreto Ley 81, de noviembre de 1973, que confería al régimen una autoridad prácticamente incondicional para expulsar a ciudadanos. A partir de diciembre de 1973, se permitió que los detenidos en aplicación del estado de sitio que aún no habían sido condenados pidieran la libertad a condición de ser expulsados inmediatamente. En abril de 1975, el Decreto Ley 504 amplió la aplicación de estas medidas a los presos con condena. El Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el ACNUR, junto con las organizaciones no gubernamentales locales, desempeñaron un importante papel al posibilitar la salida del país de miles de chilenos.

El ACNUR recibió también un gran apoyo de otras organizaciones de la ONU, sobre todo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). A principios de octubre de 1973, el ACNUR estableció un procedimiento para determinar si una persona tenía un temor fundado de persecución en Chile, con independencia de que éste fuera su país de origen o su país de residencia permanente. Muchos refugiados necesitaban el procedimiento de tramitación más rápido posible porque temían ser detenidos o incluso perder la vida en manos de las autoridades. Los refugiados se repartieron por todo el mundo, acogidos por alrededor de 110 países.

El ACNUR también pidió a los países de Europa oriental que reasentaran a refugiados chilenos. Alrededor de mil se dirigieron a la República Democrática de Alemania y un número similar fue a Rumania, con la ayuda del ACNUR. Una cifra inferior de refugiados se desplazó a otros países de Europa oriental, como Bulgaria y Yugoslavia, el único país del bloque oriental con el que el ACNUR había mantenido hasta entonces relaciones significativas. El llamamiento del ACNUR a estos países fue algo novedoso, en una época en que la Unión Soviética aún mostraba un abierto recelo ante la organización.

(ACNUR – acnur.org)


 
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